- Agustina Berardozzi
8M: UNA HISTORIA DE CONQUISTAS, DESIGUALDADES Y LUCHA CONSTANTE.
“Si el diablo no te hubiera arrinconado y obligado a partirle el cuello, ¿cómo habrías descubierto que eras así de fuerte?”
Rupi Kaur.
Acá nos encontramos, movilizadas y reunidas en la calle otro 8 de Marzo. Problematizando, discutiendo y parando. Reivindicando nuestros derechos. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?. Muchas son las luchas ganadas por el movimiento feminista en Argentina luego de largos años exigiendo igualdad y reconocimiento.
Por ejemplo, antes de 2012 no existía la figura del femicidio. A los asesinatos por razones de género se los mal llamaba “crímenes pasionales”. Recién en ese año se sancionó la Ley 26.791, modificatoria del Código Penal Argentino, donde se incorporó la figura del femicidio. De esta manera se explicita en el inciso 11 del artículo 80 “el agravante para quien matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.”
Si bien a nuestros asesinatos se los empezó a nombrar de una manera justa, las muertes nunca dejaron de suceder. Los hombres no dejaron de matarnos por el solo hecho de ser mujeres. Y por eso, principalmente, seguimos alzando nuestros puños.
Según un informe realizado por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá), durante el año 2022 se cometieron un total de 233 femicidios en nuestro país y hubo otros 425 intentos. El 91% de los femicidios fue cometido por personas del círculo de la víctima, como parejas, ex parejas, familiares o conocidos.
Si bien el panorama no es alentador, desde 2018 tenemos una Ley que capacita a los principales responsables: los agentes del Estado. En dicho año surge la Ley Micaela 27.499, que obliga a todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta ley lleva el nombre de una víctima de femicidio, Micaela García, militante del Movimiento Evita y también del movimiento “Ni Una Menos”.
Es menester que los agentes del Estado cuenten con el conocimiento y la sensibilidad necesaria para hacer cumplir las leyes, atender las denuncias y evitar más asesinatos.Ahí reside el carácter fundamental de la Ley Micaela.
En poco tiempo, las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirieron a esta ley, como así también municipios, universidades y entidades públicas y privadas. Esta capacitación busca romper prejuicios, deconstruir costumbres impuestas y naturalizadas que son la base del machismo y las violencias. Además, esta normativa tiene otro objetivo: mejorar las relaciones laborales entre personas de distinto género.
Otro avance también para destacar, es que en el año 2018 se sancionó la Ley Brisa 27.452. Esta ley determina la reparación económica para niñes y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. Esta iniciativa fue impulsada por la ONG La Casa del Encuentro, tras el femicidio de Daiana Barrionuevo. Brisa era una de sus hijas y tenía 5 años cuando su madre fue asesinada.
Si de derechos adquiridos hablamos, no podemos dejar de mencionar al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tiende sus primeros hilos en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004. A partir de allí, grupos feministas y mujeres nucleadas bajo organizaciones políticas y sociales abren paso y comienzan a instalar en la sociedad la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina.
Desde el 2005, y bajo la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, este movimiento fue recobrando fuerza en distintos puntos del país haciéndose eco de un pedido de acceso a la salud para las personas gestantes. La principal razón: las mujeres no debían seguir muriendo en abortos clandestinos, el Estado debía garantizar el acceso a una práctica segura y respetada. Despenalizar el aborto y verlo como una cuestión de salud pública, de acceso a los Derechos Humanos y de justicia social.
En el año 2006 la Campaña realiza su primer proyecto de Ley, y en 2008 lo presenta formalmente y obtiene estado parlamentario con la primera firma de la diputada socialista Silvia Augsburger. A partir de ese momento, y cada dos años, el proyecto se volvería a presentar.
Tras largos años de lucha y movilización, en 2018 la Cámara de Senadores rechazó el proyecto que permitía a las mujeres acceder a un aborto sin poner en riesgo sus vidas. Según datos del medio feminista LatFem, solo entre 2018 y 2020, dieciséis mujeres murieron como consecuencia de abortos clandestinos y poco seguros. En ese tiempo comenzó la despenalización social, el debate se internalizó y la marea verde comenzó a exigir la ampliación de derechos (descartando a los grupos de ultra católicos, evangelistas y de la extrema derecha).
Gracias al extenso trabajo de comunicación y acompañamiento que llevó adelante la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la lucha continua del movimiento feminista, el 30 de diciembre de 2020 a las 04.13 el Senado de la Nación sancionó la Interrupción Voluntaria del Embarazo por 38 votos a favor y 29 en contra.
El festejo fue con lágrimas, abrazos y alegría: las mujeres podíamos decidir libremente cómo interrumpir nuestro embarazo y hacerlo bajo condiciones salubres, sin que corra peligro nuestra vida. Festejamos por las olvidadas, por las que murieron en abortos clandestinos, por las condenadas y señaladas, por las que se tuvieron que esconder. Teníamos una lucha ganada, un derecho conquistado gracias a la fuerza y al apoyo de miles.
Si bien en nuestro país tenemos pequeñas victorias que nos sirven de impulso hacia nuevas batallas, la desigualdad de género es una problemática mundial que parece no tener mucha esperanza en muchos sectores de la sociedad.
Según explicó el Banco Mundial días atrás en un informe, el ritmo de las reformas para reducir la desigualdad de género en el mundo desaceleró en 2022 hasta caer a su nivel más bajo en 20 años.
El informe asegura que el índice que mide el avance de las reformas de la igualdad jurídica sólo aumentó medio punto para situarse en 77,1. Y de esta manera, informó: “Lo que indica que, en promedio, las mujeres gozan apenas del 77% de los derechos que tienen los hombre ante la ley”.
De distintas maneras y por distintos motivos, las mujeres exigimos y reclamamos por nuestros derechos este 8M. Joan W. Scott, historiadora, decía que los reclamos del feminismo presentan una paradoja: luchan por la igualdad entre los seres humanos, pero para hacerlo necesitan partir de la diferencia sexual, de la construcción de las mujeres como sujeto particular.
En los años cuarenta las mujeres luchaban para obtener el derecho al voto y a ser consideradas sujetos autónomos y no propiedad de sus padres o maridos. Hoy los feminismos piden otros derechos: la desigualdad está latente. El feminismo no ha dejado de ser un lugar que incomoda y desde hace varios años, el reclamo es a nivel mundial. Más de cincuenta países salen a las calles, paran y movilizan la ciudad.
Saldremos a la calle por las que todavía tienen la religión, el patriarcado, o los varones y la esclavitud encima. Por las que se quieren sacar los velos. Por las migrantes, las que buscan un techo y las que huyen de sus países por la guerra. Estamos hartas de que nos violen y nos maten en el siglo XXI. Estamos hartas de reclamar al Estado políticas públicas verdaderas y efectivas, pero no vamos a dejar de hacerlo hasta que sea realidad. La ola feminista nos trae justicia social.